Colegio Nacional de Buenos Aires

Ocurre a veces que la espectacularidad de los hechos ensombrece las razones que inicialmente los provocaron, hasta un punto en que se autonomizan de aquéllas y adquieren una dinámica imprevisible. Creo que éste es el punto al que llegó días atrás lo que había comenzado con lo que algunos alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires denominaron "toma" del establecimiento.

Quienes adoptaron tal iniciativa dijeron hacerlo en apoyo de los alumnos de otros colegios de la ciudad que estarían afectados por la modificación de planes de estudio para adaptarse a lo que resolviera el Consejo Federal de Educación mediante la resolución 84/2009. El problema presenta diversos aspectos cuya serena consideración debiera llevar al predominio de la racionalidad sobre las reacciones emotivas y las intenciones no manifestadas. Esos aspectos tienen contenidos pedagógicos, jurídicos, políticos, y no desdeñables razones psicológicas. El gobierno de la ciudad decidió una modificación de los planes de estudio, para que los títulos que se otorguen en este ámbito sean reconocidos en el resto del país. Puede discutirse el contenido de esa decisión y la conveniencia de los cambios que introduce, pero oponerse a ella requiere pronunciarse acerca de si se considera o no relevante la validez nacional de los títulos que se otorguen.

No hay duda de que se trata de un tema complejo que requiere un previo esclarecimiento y un posterior debate, tareas que por ahora parecen ausentes. En el supuesto -no desdeñable- de que las críticas a la modificación de los planes de estudio fueran fundadas, cabría analizar si han sido adecuados los medios empleados para oponerse a ellas. Quienes ocuparon el CNBA expresaron que su actitud se debía a la solidaridad con aquéllos a quienes esas medidas afectan. Esto no sería objetable en sí mismo dado que la solidaridad es un valor apreciable, si no fuera porque en la mayoría de los colegios presuntamente perjudicados no se han adoptado medidas similares: diríase que hay una actitud paternalista por parte de quienes muestran a otros lo que debieran hacer para defender sus derechos.

A su vez, las acciones con las que la "toma" se manifestó desconocieron a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, que no son quienes adoptaron las decisiones cuestionadas ni a cuyo alcance se encuentra modificarlas. No sería objetable que los jóvenes estudiantes se involucren en la defensa de las causas que consideraran justas, pero presionar a alguien con la amenaza de afectar a un tercero ajeno al conflicto es lo que se entiende por toma de rehenes, que resultan ser sus compañeros.

La protesta así encarada sorprende, pues, por su irrazonabilidad, entendida como falta de adecuación entre los fines perseguidos y los medios empleados para alcanzarlos. Esa falta de adecuación se da en todos los aspectos comenzando por la denominación elegida, que es propia de un lenguaje bélico notoriamente ajeno al tema. La llamada "toma" ha sido en rigor un hecho híbrido, a medio camino entre la lisa y llana usurpación y el mero entorpecimiento del ejercicio de la autoridad legítima.

Pero -independientemente de su caracterización jurídica- no hay duda de que la "toma" es una medida extrema, que debiera estar reservada para situaciones de máxima gravedad. Aunque quienes las apoyan invocan decisiones de sucesivas asambleas, no han reclamado antes la intervención de los órganos en los cuales están representados, a los que sólo mencionan ahora para discutir las sanciones pertinentes. No parece, pues, propio de la democracia prescindir selectivamente de las reglas previamente acordadas. Además, el medio elegido entraña graves riesgos para quienes lo emplean, para los bienes públicos afectados y para terceros, como ha quedado demostrado por el vandálico exceso que es de conocimiento público.

Aunque en el momento de escribir estas líneas, la "toma" ha sido levantada, cabe esperar que quienes la llevaron a cabo y quienes la entendieron como un medio aceptable realicen una serena autocrítica.